Bajo el peso del uniforme: La deshumanización 🎖️🪖🫡
Desde hace dos siglos, México vive bajo la sombra de una paradoja institucional: un ejército que se presenta como el pilar inmovible de la nación, pero que ha operado históricamente como un "Estado dentro del Estado", protegido por un fuero infranqueable de impunidad. Esta historia no es nueva; se gestó en el caos de 1821, cuando el ejército independiente nació como un mosaico de lealtades encontradas que convirtió los privilegios castrenses en una herencia colonial intocable. En aquel México de Santa Anna, donde los militares dominaban la vida pública y consumían hasta el 80% del presupuesto nacional, el "fuero de guerra" se consolidó no como una necesidad táctica, sino como un privilegio estamental que impedía que los soldados fueran juzgados por leyes civiles, permitiendo abusos sistemáticos contra una población vulnerable y sometida a la "leva" o reclutamiento forzoso. Aquel muro de silencio comenzó a mostrar sus grietas más profundas un 25 de agosto de 1974, cuando Rosendo Radilla, líder social que cuestionaba el orden mediante corridos, fue desaparecido por militares en Guerrero, detonando una lucha jurídica que décadas después obligaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sentenciar a la milicia, pues ésta no puede estar por encima de la Constitución .
Sin embargo, en el debate actual sobre la militarización, solemos olvidar una verdad incómoda cuando el uniforme a menudo funciona como una celda para quien lo viste, bajo la narrativa del "honor y la disciplina", el Estado ha creado un régimen de excepción donde el soldado de a pie carece de los derechos humanos más básicos que juró proteger. A diferencia de cualquier otro trabajador, los militares en México no tienen derecho a formar sindicatos, no cuentan con estabilidad laboral real debido a sistemas de "reenganche" temporales y su relación con el Estado es estrictamente administrativa, lo que les niega las garantías del debido proceso en despidos o sanciones. Esta desprotección se traduce en un entorno de abusos internos donde la "novatada" se confunde con el adiestramiento y la obediencia ciega se impone sobre la vida misma. El caso de los siete cadetes ahogados en Ensenada en febrero de 2024, obligados a entrar al mar con equipo táctico pesado bajo una orden punitiva del teniente coronel apodado "El Diablo", es el recordatorio más cruel de que, dentro de los cuarteles, la dignidad humana es secundaria frente a la jerarquía. El impacto psicológico de este sistema es una bomba de tiempo que el país prefiere ignorar. Mientras las fuerzas armadas patrullan las calles, sus elementos se rompen por dentro: se estima que hasta el 31% de los militares en grupos especializados padecen trastorno de estrés postraumático (TEPT), una cifra que se dispara frente al 1% de la población general. El abandono institucional es tal que, entre 2020 y 2024, se registraron al menos 84 suicidios dentro del Ejército, la inmensa mayoría cometidos por soldados, cabos y sargentos, los eslabones más bajos de la cadena, quienes enfrentan la guerra contra el narcotráfico y la presión social sin una red de apoyo mental efectiva. La propia Secretaría de la Defensa reconoce un subregistro en estos casos, ocultando bajo el tapete una crisis de salud mental que es consecuencia directa de operaciones de alto impacto y de un sistema que trata al soldado como una pieza de artillería desechable en lugar de como un ciudadano con derechos.
La verdadera madurez de nuestra seguridad no se medirá por cuántos tanques patrullan nuestras ciudades, sino por la capacidad de garantizar los derechos humanos, no solo para proteger a las víctimas externas, sino para rescatar a los de adentro. La reciente jurisprudencia de la Suprema Corte, que exige juzgar en tribunales civiles los homicidios entre militares, es un paso vital para romper la opacidad que condena a las familias de los soldados fallecidos al desamparo. No podemos exigir que un cuerpo armado respete los derechos humanos en las calles si ese mismo cuerpo los vulnera sistemáticamente en sus dormitorios y campos de entrenamiento. Como ciudadanos nos corresponde vigilar que la impunidad deje de ser el pretexto para el estado de excepción y se convierta en el compromiso de una institución que, al fin, reconozca la humanidad de quienes protegen nuestro país. Mientras el fuero militar siga siendo un refugio para evitar la rendición de cuentas, la justicia en México seguirá siendo una promesa a medias, escrita sobre el silencio de Rosendo Radilla y el trauma invisible de miles de soldados olvidados por el Estado.
Ana Lisa