Corresponsabilidad
La libertad no es un estado de reposo, sino el ejercicio extenuante de voluntad. A lo largo de los siglos, la transición de súbditos a ciudadanos no ha sido simplemente una acumulación de privilegios, sino la adquisición gradual de un bagaje necesario: la responsabilidad. Según la definición de la Real Academia Española, la responsabilidad es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente. Bajo esta premisa, la vida en democracia deja de ser un espectáculo en las gradas para convertirse en una arena de corresponsabilidad, donde el destino colectivo no es un accidente, sino el resultado directo de nuestra acción u omisión compartida.
Hablar de la Civitas es invocar mucho más que la infraestructura de una urbe; es referirse a ese cuerpo social y político organizado donde personas libres se unen bajo una identidad compartida y leyes comunes. Sin embargo, en la modernidad, este concepto parece haber sufrido una amputación ideológica. Vivimos en una era de exigencias vociferantes y deberes susurrados. Es común observar cómo la sociedad se moviliza, debate y marcha con fervor para reclamar derechos, pero se repliega con un dejo de molestia ante la mención de sus obligaciones. Esta incongruencia fractura la unidad natural de la ciudadanía: no se puede divorciar el derecho de la obligación sin desmoronar la estructura que sostiene a ambos.
La corresponsabilidad política encuentra su expresión más cruda y vital en el sufragio. Desde la creación de nuestras instituciones electorales modernas, las estadísticas revelan una herida abierta en nuestra madurez cívica: más de un tercio de abstencionismo sistemático que entrega el poder a las minorías decididas. A esto se suma el vicio de la dádiva, donde el voto se degrada, de herramienta de evolución social a moneda de cambio para favores. Esta desconexión convierte a la democracia en una caricatura, dejando el peso de la construcción de un futuro digno, sobre los hombros de más menos un tercio de la población, que aún entiende la democracia como el camino hacia la mejora social de todos sus habitantes.
Es imperativo comprender que la omisión es, en sí misma, una decisión política. No ejercer el derecho al voto no otorga neutralidad, ni una pauta moral superior para recriminar los errores de los gobernantes; al contrario, el silencio nos despoja de la legitimidad para señalar el desacuerdo. El ciudadano es corresponsable del gobierno que tiene, y también al elegir no ejercer ese derecho, lo será en la medida en que abdica de su poder de elección. No obstante, debemos ser precisos: la corresponsabilidad no implica una culpa ciega por las traiciones futuras de un gobernante. La responsabilidad ciudadana reside en el ejercicio de un voto razonado y consciente, fundamentado en la investigación y la congruencia de valores.
Si un ciudadano cumple con su deber de evaluar y participar, su responsabilidad se ha ejercido con rectitud. Lo que resulta inaceptable es la transferencia de culpa absoluta sobre el elector por el actuar deshonesto del elegido, a menos que dicho elector haya votado desde la negligencia o el interés personal de beneficios.
La verdadera crisis que enfrentamos no es solo de liderazgo, sino de participación. Ser corresponsable significa entender que el gobierno no es un ente ajeno que nos sucede, sino un reflejo de nuestra capacidad para involucrarnos en el aquí y el ahora. Solo cuando aceptemos que la ventura comunitaria depende de nuestra integridad individual frente a la urna, podremos reclamar con propiedad el futuro que nos pertenece.
Ana Lisa