Cuarto sector desde la perspectiva de empresas con propósito social

El surgimiento del cuarto sector no es una simple evolución administrativa, sino  la respuesta disruptiva y necesaria ante el agotamiento de los modelos tradicionales que separan de forma tajante la generación de riqueza del bienestar social. Esta nueva arquitectura organizacional aparece precisamente allí donde el Estado ha fallado y el mercado convencional no se ocupa, nace de la urgencia por cubrir necesidades críticas de poblaciones vulnerables que han sido históricamente ignoradas. Lo que define a estas entidades no es la búsqueda del máximo beneficio económico por sí mismo, sino, como señalaba Argudo Périz desde principios de siglo, la satisfacción superior de las necesidades comunitarias a través de una lógica híbrida que desafía el statu quo.

La base fundamental de este sector es la sustentabilidad radical, entendida no solo como un compromiso ecológico, sino como la capacidad de las organizaciones para ser financieramente autónomas sin sacrificar su propósito. En este modelo, la rentabilidad deja de ser un fin privado para transformarse en un motor vital comunitario de impacto; el remanente de ingresos no se acumula en arcas privadas, sino que se reinvierte estratégicamente para escalar el beneficio social. Esta visión trasciende la utilidad per se y establece que una empresa es exitosa únicamente si su balance económico es inseparable de su balance social y ambiental. Aquí, el servicio a los desprotegidos no se ofrece desde la condescendencia del asistencialismo, sino desde la dignificación del usuario, reconociéndolo como un participante activo de una economía que busca, ante todo, una sociedad más justa.

En el contexto mexicano, este movimiento encuentra un respaldo profundo en la tradición de la economía social y solidaria, formalizada en marcos jurídicos como la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS). Al ser reglamentaria del artículo 25 constitucional, esta ley reconoce que el sector social —integrado por ejidos, comunidades, cooperativas y organizaciones de trabajadores— es un pilar fundamental para la distribución equitativa del ingreso y la generación de patrimonio social. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES):  En 2018, PIB 354 706 millones de pesos  (1.6 % del PIB nacional). Puestos de trabajo 1’751,695 (4.5 % de la economía nacional). Los ejidos aportaron 70.7 % del PIB de la economía social. Con más de 61,000 organizaciones identificadas en el país, el ecosistema mexicano demuestra que las empresas híbridas no son una utopía, sino una realidad palpable que fomenta el trabajo digno y fortalece la democracia participativa a través de figuras que fusionan la eficiencia privada con el interés colectivo.

Ejemplos internacionales como la Corporación Mondragón en España o Patagonia en Estados Unidos y Mobike de origen chino; junto con iniciativas nacionales como Troquer, Cheaf, Go Trendier, demuestran que es posible operar bajo un triple balance. Estas empresas de "ánimo de cambio" están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible no por obligación, sino por diseño, probando que el mercado puede ser la herramienta más poderosa para la transformación social cuando el lucro se pone al servicio de la humanidad y no al revés.

Daniela, M., & Rendón, B. (2019). EL CUARTO SECTOR EN MÉXICO nos confronta (con lo que coincido) son los desafíos del actual cuarto sector, teóricos, empíricos y metodológicos, aquí un breve resumen:

El Cuarto Sector en México se presenta hoy no solo como un modelo económico emergente, sino como una respuesta política y social ante las grietas profundas del sistema tradicional. A pesar de su enorme potencial para regenerar el tejido social, este ecosistema enfrenta una serie de desafíos estructurales que pueden dividirse en dimensiones teóricas, empíricas y metodológicas. El primer gran obstáculo reside en la ambigüedad conceptual. Aunque la Ley de Economía Social y Solidaria reconoce diversas prácticas, no establece una distinción clara que permita operar con precisión, lo que genera una invisibilidad estadística y operativa. Sin una definición técnica que traduzca el ideal en indicadores medibles, resulta casi imposible realizar un mapeo exhaustivo que conecte a estas organizaciones y les permita escalar su impacto mediante la intercooperación.

En el orden de lo empírico, la tensión más crítica surge de la gestión de la dualidad. Estas empresas deben navegar en un mercado competitivo sin traicionar su misión de transformación social. El riesgo latente es la adopción de herramientas del management tradicional, las cuales fueron diseñadas exclusivamente para la reproducción del capital y no para el florecimiento humano. Este conflicto obliga a la academia a reformular sus contenidos, dotando a los nuevos emprendedores de metodologías que permitan administrar la rentabilidad como un medio y no como un fin absoluto. Solo a través de una gestión coherente con el propósito social se puede evitar que estas organizaciones se conviertan en versiones suavizadas de la empresa convencional, manteniendo la legitimidad de su discurso ante las poblaciones vulnerables que atienden.

Finalmente, el desafío metodológico y sistémico pone en evidencia la desconexión entre el marco jurídico y la realidad económica del país. Si bien el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamenta el sector social de la economía, las políticas públicas actuales siguen priorizando el fomento de los sectores público y privado tradicionales. Los sistemas de contabilidad nacional, diseñados bajo una lógica binaria de mercado o Estado, fallan al intentar medir la riqueza cualitativa que genera el Cuarto Sector, como el fortalecimiento asociativo o la inclusión económica de comunidades marginadas. Superar estos retos implica entender que el Cuarto Sector no es un ejercicio acabado, sino un germen de transformación que exige una nueva forma de relacionarnos con lo económico, donde el interés privado se articule finalmente con el bienestar público y comunitario para enfrentar las urgencias de la Agenda 2030.

Ana Lisa