Educación

De la utopía vasconcelista a las deudas del presente

A ciento cinco años de la Secretaría de Educación Pública los retos y deberes: Iniciemos por recordar que la búsqueda por transmitir el conocimiento y formar a las nuevas generaciones constituye uno de los pilares más antiguos de la civilización humana. Los vestigios más remotos revelan que la instrucción organizada emergió en Sumeria y Mesopotamia cerca del año 3000 antes de Nuestra Era, orientada primordialmente a las clases privilegiadas, una dinámica que se replicó con matices propios en Egipto, China, India, Grecia y Roma, donde con frecuencia la preparación académica se entrelazaba con el arte militar, patrón similar al desarrollo inicial en las culturas mesoamericanas. Durante la Edad Media, el resguardo y la enseñanza del saber quedaron bajo el amparo de la Iglesia Católica en monasterios, catedrales y abadías, hasta dar paso a la gestación de las primeras universidades europeas en Bolonia, París y Oxford. En el continente americano, este afán universitario rindió frutos tempranos con la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, establecida mediante cédula real el 21 de septiembre de 1551. Paralelamente a nivel mundial, la pedagogía moderna fue moldeada por pensadores como Juan Amancio Comenio, promotor de la universalidad, la gradualidad y un método único de enseñanza; María Montessori, pionera del aprendizaje a ritmo propio; y Paulo Freire, impulsor de una pedagogía crítica para descifrar la realidad social. En el contexto mexicano, figuras como Rosaura Zapata Cano, pilar en el desarrollo de la educación preescolar, y José Vasconcelos Calderón colocaron los cimientos indispensables para la consolidación institucional de la enseñanza. Todo este andamiaje histórico culminó en México con la creación oficial de la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921, impulsada bajo la presidencia de Álvaro Obregón y encausada por la visión humanista e intelectual de Vasconcelos. No obstante, al contemplar este proyecto a ciento cinco años de su origen, resulta ineludible cuestionar los alcances reales y las grietas que fracturan al sistema educativo contemporáneo.

En la actualidad, el acceso a la educación superior continúa fuertemente centralizado en los estados que albergan a las tres grandes urbes del país: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Aunque el Estado mexicano ha ampliado progresivamente el rango de obligatoriedad escolar (alcanzando la secundaria, posteriormente el preescolar y más recientemente el nivel medio superior), esta expansión cuantitativa no ha derivado automáticamente en mayor excelencia académica. Se observa un delicado cambio estructural que ha ido desplazando aprendizajes fundamentales como la caligrafía, gramática, geografía y civismo; así como bases de biología, física, química e historia, hasta relegar asignaturas críticas como las etimologías, la lógica y el derecho. Todas ellas constituyen pilares indispensables para dotar al educando del pensamiento riguroso que exige el conocimiento universal (la universidad). Confundir la especialización con la omisión de estos saberes esenciales debilita la estructura cognitiva del estudiante, pues una sólida formación técnica o profesional requiere, indispensablemente, del correcto razonamiento, la capacidad comunicativa y el sentido de convivencia ciudadana necesarios en un mundo globalizado.

Desde la perspectiva estudiantil, el panorama actual presenta matices de luces y sombras. Por un lado, se celebra la consolidación masiva de las mujeres en las aulas universitarias, un avance histórico indiscutible; por otro, persiste una profunda desconexión entre la oferta académica y la realidad del mercado laboral. Las carreras con mayor demanda continúan concentrándose en áreas tradicionales como medicina, derecho, ingeniería civil y pedagogía. Al no existir estudios rigurosos y articulados entre el sector público y la iniciativa privada para identificar las necesidades del país, miles de egresados enfrentan el desempleo o se ven forzados a trabajar en campos ajenos a su formación, percibiendo ingresos precarios tras haber invertido tiempo y recursos significativos. Paradójicamente, mientras campos como la administración, el derecho, la medicina, la veterinaria y la agronomía sufren de saturación, el sesenta y siete por ciento de las empresas en México reporta escasez de talento calificado. Existe un déficit alarmante de personal de enfermería, médicos con subespecialidades de alta complejidad fuera de las metrópolis principales, ingenieros especializados, abogados en derecho tecnológico, actuarios, analistas de riesgo y auditores internos, además de la creciente demanda de profesionales en ciberseguridad, inteligencia artificial, analítica de datos, desarrollo sustentable y comunicación internacional en diversos idiomas. A esta incertidumbre profesional se suman el abandono y la deserción escolar a lo largo de la trayectoria académica, así como una creciente crisis de salud mental, deterioro de la convivencia escolar y tensiones del entorno social que desgastan cotidianamente a la juventud.

Por su parte, la responsabilidad gubernamental y sistémica ante este escenario resulta innegable. El sistema educativo padece las consecuencias de una infraestructura deficiente y un equipamiento precario que limita el aprendizaje digno en miles de planteles. La ausencia de una verdadera política de Estado ha provocado que cada administración sexenal imponga reformas intermitentes que generan inestabilidad, fragmentación y politización en los modelos pedagógicos y en la gestión docente. Asimismo, prevalece un histórico desprestigio y subaprovechamiento de la educación técnica, la cual podría ofrecer alternativas ágiles y altamente valoradas por el sector productivo. Las brechas de equidad se profundizan al constatar las graves deficiencias que persisten en la educación indígena, inclusiva y rural, donde la marginación socava el derecho a una formación integral. Todo ello ocurre en el marco de una inversión pública presupuestal ineficiente que privilegia el gasto operativo inmediato sobre la innovación, la capacitación y la mejora continua. Transcurrido más de un siglo desde la gestación de la Secretaría de Educación Pública, el reto urgente no consiste únicamente en masificar la matrícula, sino en saldar las deudas estructurales con los estudiantes y rediseñar una política educativa soberana, rigurosa y equitativa que devuelva al conocimiento su función transformadora.

Ana Lisa