Justicia pronta y expedita

La justicia no es un acto de arrebato, sino un proceso de razón. Sin embargo, en el México contemporáneo, parecemos ser testigos de una regresión alarmante donde la celeridad se confunde con la eficacia y la turba reemplaza al tribunal; bajo el disfraz de una supuesta "justicia pronta y expedita", se esconden episodios de linchamientos y “juicios sumarios” que, lejos de sanar el tejido social, lo desgarran permanentemente. Esta mal llamada justicia por propia mano es, en realidad, una manifestación de violencia pura que ignora el principio fundamental de la presunción de inocencia y el debido proceso, convirtiendo a cualquier ciudadano en una víctima potencial del azar y la confusión.

El peligro de estos actos radica en la ausencia absoluta de certeza; actualmente, la sociedad se mueve por impulsos y rumores que escalan a una velocidad vertiginosa, donde un señalamiento sin fundamentos puede sellar el destino de una persona en cuestión de minutos. No existe una investigación, no hay presentación de pruebas, ni derecho a la defensa; solo existe el clamor de una horda que, cegada por la indignación o sus propios traumas no sanados, actúa como juez y verdugo. En este escenario, es imposible determinar si el castigado era realmente culpable de un delito o si simplemente fue un individuo que estuvo en el lugar y momento equivocados, ante una "verdad social" que se construye en esos instantes de caos, donde una verdad fabricada por la calumnia y el odio, se antepone a la evidencia.

Existe una profunda cobardía que se refugia en la masa, ese anonimato que otorga el tumulto donde el individuo se desdibuja para dar rienda suelta a sus instintos más bajos sin asumir una responsabilidad personal. Es en el grupo donde el cobarde se siente valiente, escudándose en el número para agredir a quien se encuentra en desventaja y sin defensa alguna.

Debemos reconocer, además, una realidad aún más oscura: el uso de la mentira como herramienta deliberada para dañar la imagen de los demás. En una era donde la difamación puede ser tan letal como un golpe físico, la sociedad a menudo utiliza el señalamiento público para canalizar venganzas personales o resentimientos colectivos. Se crean culpables a conveniencia para satisfacer una sed de venganza que no busca justicia, sino como dicen el refrán popular “No busco quien me la hizo, sino quien me la pague”; es la ira contenida, el enojo inconsciente, y quizá baste cualquier pretexto, cualquier problema para justificar el malestar social: la carestía, el trabajo, los hijos, la pareja, el tráfico, etcétera. Reflexionemos: cuando permitimos que el rumor se convierta en condena, estamos renunciando a la civilidad y regresando a un estado de naturaleza donde la fuerza bruta y el grito más alto dictan lo que es correcto.

La violencia, definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso deliberado de la fuerza o el poder, no puede ser el remedio para la falta de seguridad. Cuando se intenta "ajusticiar" fuera del marco legal, la sociedad se convierte en aquello que dice combatir. Cada humillación, cada golpe y cada ejecución extrajudicial es un ladrillo más en el muro de la violencia que hemos construido desde el núcleo familiar hasta las instituciones.

No se puede negar que la crisis de confianza en las autoridades es real y profunda; sin embargo, las causas van más allá de los factores políticos o económicos que suelen señalarse. Desde mi perspectiva, el origen subyace en un dolor infantil no sanado que, como un caballo desbocado, busca exteriorizar el daño sufrido. Humillaciones, insultos y golpes infligidos por cuidadores primarios, bajo la mirada indiferente de una sociedad que normalizó el sufrimiento temprano, dejan huellas que hoy estallan en lo colectivo. Aun así, responder con violencia ante esta herida es un acto de barbarie que solo garantiza que la paz social siga siendo una utopía inalcanzable.

Entender que todos somos corresponsables de este ciclo es el primer paso para romperlo. El diálogo y el respeto a las normas son los únicos elementos capaces de frenar el tornado de agresiones que padecemos. No se puede hablar de proporcionalidad de la pena ni de justicia cuando se arrebata la vida o la dignidad basándose en vacilaciones y murmullos. La verdadera justicia requiere tiempo, análisis y, sobre todo, la garantía de que nadie sea castigado por un crimen que no cometió o por una mentira que la sociedad decidió creer sin cuestionar. Tampoco ignoremos el coraje amargo y desesperado que siente una persona cuando decide sacar su rabia; y sus años de agravios de la infancia. Ese coraje, aunque nacido de un dolor real y una indignación legítima, se desvirtúa por completo cuando se canaliza a través de la violencia ciega, transformando una demanda de justicia, en un acto que solo perpetúa el ciclo de odio.

Como reflexión final, es imperativo recordar nuestra propia humanidad: todos, sin excepción, somos seres imperfectos propensos a cometer errores, ya sea por juicio, por omisión o por impulso. En una sociedad tan herida, el reconocimiento de nuestra falibilidad debería ser el puente hacia la reconciliación. Tenemos la capacidad de pedir perdón cuando nuestras acciones dañan al otro, pero también el deber colectivo de aprender a perdonar, entendiendo que el castigo infinito y la venganza solo nos hunden más en el caos; una comunidad sana es aquella que prefiere la justicia restaurativa y también la rendición de cuentas del sistema judicial, no más daño a inocentes; si alguien es culpable, que se siga el debido proceso, primero la redención sobre la destrucción definitiva del prójimo.

Ana Lisa