Violencia de género o violencia generalizada
La comprensión de la violencia generalizada en México en las dos últimas décadas requiere un análisis que trascienda la estadística y se ancle en el marco jurídico nacional. El Artículo 1º de nuestra Carta Magna es contundente: todas las personas gozaremos de los derechos humanos y todas las autoridades tienen la obligación de garantizarlos. Bajo este precepto, la discriminación está prohibida. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la realidad mexicana ha tomado un rumbo opuesto al encargo constitucional. La violencia en México no es solo una estadística; es una crisis humanitaria donde la pérdida de cada vida, irreparable e invaluable, parece haber perdido peso ante los ojos de una sociedad que corre el riesgo de normalizar lo inaceptable. Replanteemos el papel de los actores, víctimas y responsables de la violencia, visualizando su verdadera dimensión para actuar en consecuencia.
Al analizar la década violenta en México, las cifras son contundentes: Desde principios del siglo XXI, México ha experimentado un aumento drástico en la incidencia delictiva, los datos señalan que en la década de 2010 a 2019, los homicidios aumentaron un 68% respecto al periodo anterior. La llegada de nuevas administraciones no ha frenado esta inercia, en el sexenio del expresidente anterior, las cifras de homicidios según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que dicho sexenio ha sido el más violento de la historia reciente. En la actual administración según el INEGI: entre septiembre de 2024 y enero de 2026, los homicidios dolosos en México mostraron una tendencia a la baja, con una disminución acumulada del 42%, pasando de un promedio de 86.9 a 50.9 víctimas diarias. Aunque los feminicidios disminuyeron, los realizados con arma de fuego contra menores aumentaron de 11 a 14 casos de enero a noviembre de 2025, (comunicado 10 de febrero 2026, secretario de Seguridad y protección ciudadana). Estas cifras no son solo números, representan familias fracturadas y un tejido social en descomposición.
Es imperativo detenerse en la invisibilidad del varón en la estadística de muerte, la violencia en México no es un fenómeno estático; es una patología social que ha mutado y se ha expandido en las últimas dos décadas. Los datos oficiales del INEGI revelan una brecha de género que rara vez se discute con rigor. Es fundamental reconocer que, si bien la violencia de género contra las mujeres ha generado una estructura institucional necesaria a nivel nacional e internacional al igual que leyes internacionales, nacionales y locales para su protección , las estadísticas oficiales revelan una realidad que a menudo se omite en el discurso público: la gran mayoría de las víctimas de homicidio en México son varones. Según datos del INEGI del 2010 a 2025, de las 233,001 personas asesinadas en el país 205,145 eran hombres, mientras que 26,010 eran mujeres. Esto significa que 88.7 % de las muertes violentas en México corresponden al sexo masculino y 11.3 % al femenino. Ignorar esta proporción al diseñar políticas públicas de seguridad y atención a víctimas no solo es un error estratégico, sino que transgrede el principio de universalidad y el párrafo quinto del Artículo 1º Constitucional, que prohíbe cualquier discriminación que atente contra la dignidad humana.
Esta violencia multidimensional se manifiesta tanto en delitos tipificados como en hechos que “pasan desapercibidos como tales” . La Organización Mundial de la salud (OMS), define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder, con el objetivo de causar daño. Bajo esta óptica, debemos reclasificarla en dos vertientes: por un lado los delitos tipificados como robos, extorsiones, fraudes y delitos contra la vida, pero otros que aunque tipificados, por nuestra idiosincrasia se subestiman, como el robo de combustible o la piratería, no concientizando que existe un daño, en estos delitos el daño es patrimonial y social, pues éste afecta finalmente al desarrollo del país y a la propiedad intelectual, aunque se minimice no deja de violentar a las víctimas. Y en el otro extremo tenemos las violencias invisibles: violencia escolar (bullying) y violencia laboral (mobbing) son formas de daños extremos, realizadas por grupos de personas a un sólo individuo, que cobardemente lo trasgreden con varios tipos de violencia, agresiones que cada día son más frecuentes y delicadas, lesiones psicológicas como discriminación, difamación, humillaciones, acoso, insultos, aislamiento, calumnias, lesiones físicas e incluso la muerte, o en otros escenarios críticos los han llevado al suicidio. Otro grave asunto es la reclusión de personas inocentes en centros penitenciarios, representa una de las violencias más profundas, doblemente realizada, primero por ciudadanos y consumada por el Estado, donde el individuo debe activar un instinto de sobrevivencia extremo para no ser devorado por el sistema.
La responsabilidad y co-responsabilidad ante este escenario no recae exclusivamente en el gobierno, ya que existe una tendencia a señalar al ejecutivo federal o a las fuerzas del orden como únicos responsables, si bien el Estado tiene la obligación de cumplir el Artículo 1º y 4º de la Constitución: derecho a la protección de la salud física y mental, la responsabilidad es compartida. El delito es acción, pero también es omisión. Una autoridad que no actúa ante un hecho violento es tan responsable como quien lo ejecuta. En el ámbito social, la envidia, la calumnia y el juicio sumario de quienes "apedrean" digital o físicamente a otros, suman al clima de hostilidad generalizada. Y la autoridad en el colegio, en el trabajo y, fundamentalmente, en la familia, como tales deben rendir cuentas.
Finalmente, el camino hacia una reivindicación de la paz exige identificar la violencia en su totalidad. Esto implica reivindicar el concepto de víctima, entendiendo que una muerte genera víctimas indirectas con daños psicológicos profundos. Debemos romper el ciclo reconociendo que muchos agresores fueron niños violentados, destinando recursos a la prevención y a la educación de los cuidadores. El Estado debe asumir políticas incluyentes y no discriminatorias, pues atender la violencia que sufren los varones es vital para pacificar al país. La meta es recuperar un México de respeto y legalidad; como ciudadanos, no podemos ser indiferentes ante el quebranto de una sola vida.
Recuerda ¡ Cada acto de paz suma a la paz y cada acto violento suma a la violencia !
Ana Lisa