Limites
La frase «pon límites» se ha convertido en un mantra de la modernidad, una consigna que se lanza como un salvavidas a quienes naufragan en el mar de la violencia. Se les dice a las víctimas de bromas hirientes, de golpes, de calumnias y de esa sutil pero devastadora «ley del hielo». Sin embargo, tras esta aparente herramienta de empoderamiento, se esconde una distorsión profunda de la responsabilidad social. Al exigirle al violentado que sea él quien detenga la agresión, la sociedad desplaza el peso de la culpa, transformando la vulnerabilidad en una tarea pendiente y el abuso en una falta de carácter de quien lo padece.
Esta dinámica de hostigamiento no suele ser un acto aislado o anónimo; generalmente nace de pequeños núcleos que difunden el miedo y establecen una jerarquía de premios y castigos entre sus seguidores. Lo más alarmante es que estas situaciones, que con frecuencia terminan en tragedias irreparables como discapacidades o muertes, ocurren a la vista de todos. El escenario del abuso no es un lugar remoto, sino el entorno cotidiano donde la masa se convierte en un ente de ausencia. La violencia visible, esa que es fácil de discernir y difícil de confundir, se desarrolla ante una multitud que se diluye en la inacción, permitiendo que el horror se normalice bajo el velo de la indiferencia.
Es imposible que pasen desapercibidos la tristeza de un niño, el racismo sistemático o el dolor de un rostro ante una injusticia severa. Nadie hiere a otro física o mentalmente en un vacío absoluto; siempre hay testigos. Por ello, la herida más profunda que recibe la víctima no es el golpe inicial, sino el silencio cómplice de quienes caminan al lado. La introversión del espectador y la posterior culpabilización del agredido por no «defenderse» constituyen la forma más cruel de violencia social. Es la soledad absoluta en medio de la gente, la confirmación de que el entorno ha decidido mirar hacia otro lado.
Resulta necesario rescatar la memoria de una estructura social distinta, no tan lejana, donde la responsabilidad de la corrección recaía sobre la autoridad y no sobre la víctima. En aquel entonces, la reprensión se dirigía al perpetrador del acto antisocial; era la autoridad a cargo quien intervenía, exigiendo desde disculpas sentidas hasta medidas legales o institucionales. Aquella autoridad de antaño asumía su rol de observador y corrector del violentador. No se esperaba que el agredido tuviera que gestionar su propia salvación en un entorno hostil; se entendía que la paz social dependía de señalar y detener al que causaba el daño, en lugar de pedirle a quien sufre que aprenda a marcar límites en un terreno donde ya le han arrebatado el respeto.
Ana Lisa